Esteban Paulon (Foto: Especial)
Esteban Paulon (Foto: Especial)

Un protocolo para “raritos”

Por @epaulonlgbt

Argentina 06NOV2017.- En los últimos días desde el Ministerio de Seguridad de la Nación (Argentina) se dio a conocer el “Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad para el registro y detención de personas LGBT”.

El momento para que el Protocolo viera la luz no fue casual. Se conoce tres semanas después que la Policía Metropolitana de Buenos Aires (sí, la ciudad que se dice “capital gay de América Latina”) detuviera a una pareja de lesbianas -unidas en legal Matrimonio- por besarse en una estación de trenes. Y tres semanas antes de la XXVI Marcha del Orgullo LGBTIQ, el mayor evento nacional del colectivo de la diversidad sexual en el año.

¿Casualidad? No lo creo.

El “Protocolo” está motivado por un fin noble. Sabiendo que muchas veces es el propio Estado el que no cumple las leyes vigentes (de Matrimonio Igualitario o Identidad de Género por ejemplo) viene bien una “refrescadita” sobre derechos humanos, integridad y dignidad personal, uso de la fuerza, respeto al género autopercibido y demás.

Por eso es tan importante llevar acciones de capacitación y educación dentro del propio Estado – incluidas las Fuerzas de Seguridad – para que la plena vigencia de los Derechos Humanos sea una realidad.

Sin embargo cuando la motivación principal del protocolo no es la garantía de derechos, sino el “registro y detención” de cualquier colectivo social, estamos en un problema.

Porque claramente no queremos que nos detengan o registren con cariño. Queremos poder circular libremente por cualquier espacio, como cualquier otro u otra ciudadana del planeta.

Dicho ya que sin dudas el momento para dar a conocer el protocolo no fue el más indicado, habría que sumar algunas “confusiones” o “errores” (siendo benévolos) en que incurre este documento. En efecto el protocolo tiene graves problemas en conceptos de derechos humanos en general y, específicamente, en temas de diversidad sexual. Un ejemplo de esto se encuentra en el Anexo I, en el punto Generalidad (párrafo 4):

Queda totalmente prohibido todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión”, dice textual.

Cabe preguntarnos en este punto si estarían habilitados para generar dolores y sufrimientos leves o moderados. Y si es así ¿cuáles sería estos a diferencia de los otros?

Otro ejemplo señalado como discriminatorio es que las intervenciones relacionadas con las personas LGBTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex) las tenga que hacer solamente personal femenino. Esto expresa un profundo desconocimiento de la población LGBTI y de la diversidad sexual en general.  

Es innecesario que una mujer haga una requisa a un hombre trans, bisexual o gay.

Si bien podríamos empezar a cuestionar la necesidad de distinciones de género en estas cosas, en el contexto actual que necesariamente una mujer sea la que tenga que intervenir ante la presencia de un hombre trans, bisexual o gay puede ser violatorio de la identidad de género de estas personas.

Por último, y a modo de consideración general, no quiero dejar pasar que, por más triste que parezca, durante todo el año 2017 la única política pública relevante del Gobierno Nacional (Argentina) hacia el colectivo LGBTI, ha sido este protocolo represivo. A las lesbianas, gays, bisexuales y trans de Argentina el Gobierno federal no nos ha hablado de programas nacionales para el acceso a la educación, el cupo laboral trans, campañas por la visibilidad lésbica, prevención del acoso escolar hacia personas LGBTI o acceso a la salud integral. Parece que sólo nos destina “registro y detención”.

Por Esteban Paulón, presidente del Comité Ejecutivo GayLatino // Vicepresidente FALGBT // Subsecretario de Políticas de Diversidad Sexual del Gobierno de Santa Fe, Argentina. 

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