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Matrimonio Igualitario, el debate sobre la iniciativa

El 17 de mayo el presidente de la República envió al Congreso de la Unión una serie de iniciativas entre las que destaca una propuesta de modificación al artículo 4 de la Constitución Federal para incluir una referencia expresa al derecho a contraer matrimonio sin discriminación alguna incluyendo la orientación sexual.

En otras ocasiones ya he dicho que la iniciativa es muy criticable en varios sentidos, por ejemplo:

1) En cuestión de técnica legislativa carece de un artículo transitorio que establezca un plazo límite para que los gobiernos locales adecúen sus leyes.

2) En la estrategia política, la propuesta se hizo sin una consulta previa con las organizaciones o colectivos que hemos estado involucrados en el tema desde hace varios años. Es inaceptable que se nos haya convocado a una reunión para dar a conocer iniciativas que nos eran desconocidas.

No obstante estas reservas, el tema de fondo, esto es, el derecho a contraer matrimonio con una persona del mismo o diferente sexo, es una materia suficientemente debatida en el marco de derechos humanos como para que la reforma se apruebe como una obligación de cumplir con el artículo 1o que establece el derecho a la no discriminación así como el artículo 4 que contempla el mando de protección a todo tipo de familias, incluyendo las homoparentales.

Ahora bien, las iniciativas del presidente han despertado en todo el país una ola de pronunciamientos provenientes principalmente de organizaciones religiosas que exigen el respeto a la “familia natural” bajo el pretexto de que “la mayoría” no está de acuerdo en que las uniones de personas del mismo sexo se llamen matrimonio. Con la misma vehemencia irreflexiva se pronuncian en contra de la adopción.

Bajo este contexto la pregunta es ¿Qué batalla es la que se está librando realmente?, ¿es sobre el matrimonio igualitario o es sobre la capacidad de nuestra democracia de hacer efectivos los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y los tratados internacionales?

Si la lucha fuera por el matrimonio igualitario implicaría que de no aprobarse la reforma las parejas del mismo sexo no podrían casarse; sin embargo, la realidad es otra.

El matrimonio igualitario es un derecho que se empezó a construir desde al año 2000 cuando por primera vez se empezó a hablar en la capital del país de la necesidad de reconocer derechos a las parejas de personas del mismo sexo. El primero logro llegó hasta 2006 con la Ley de Sociedades de Convivencia y se cristalizó totalmente en 2009 con la reforma al Código Civil del Distrito Federal.

A partir de entonces los grupos religiosos que se han opuesto han buscado frenar el avance, con ese objetivo promovieron la acción de inconstitucionalidad 2/2010 que resuelta medio año después se traduciría en el primer pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que reconoce jurídicamente la existencia de familias homoparentales y que además señala puntualmente la obligación que tiene el Estado de brindarles protección sin discriminación alguna. La puerta estaba entreabierta en espera de un nuevo impulso que llevara igualdad más allá de la capital del país.

En vía jurisdiccional, antes de la reforma constitucional de 2011 habían existido varios intentos por impugnar una definición de matrimonio que dejaba sin ese derecho a las parejas del mismo sexo; sin embargo se necesitaba transitar por otras coyunturas nacionales antes de tener listo el terreno.

Fue en 2011 cuando desde Oaxaca se empezaron a gestar los juicios de amparo que en diciembre de 2012 culminarían con una sentencia de la Primera Sala de la SCJN que ordenaba celebrar el matrimonio de tres parejas en ese Estado sin necesidad de reformar el Código Civil local. Fue la primera vez que eso ocurrió en México.

A partir de ahí la estrategia se fue replicando día tras día en cada entidad federativa, en algunas antes en otras después el hecho es que a principios de 2015 conseguimos que todas las entidades de la república, salvo Distrito Federal y Coahuila que ya tenían reforma, se promoviera por lo menos un juicio de amparo.

Además, en el transcurso de esos primeros tres años la batalla en los tribunales fue generalizada en todo el país; como consecuencia llegaron a la Corte muchos de esos juicios, los suficientes para que en junio de 2015 se emitiera la conocida jurisprudencia que declara que toda ley que defina al matrimonio como la unión de un solo hombre y una sola mujer es inconstitucional por excluir a las parejas del mismo sexo.

Esa fue la gran batalla que los opositores no previeron, no estaban acostumbrados que desde la sociedad civil la población LGBTTTI nos organizáramos a escala nacional en la defensa de nuestros derechos. A partir de ahí la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió incluso una recomendación general para que las entidades federativas adecuaran su legislación permitiendo el matrimonio entre personas del mismo sexo.

A la fecha varios estados han hecho las reformas además de la Ciudad de México y Coahuila, en otros como Chihuahua simplemente el Código Civil vigente dejó de aplicarse para no continuar violando derechos humanos, el algunas otras entidades fue la SCJN quien intervino a través de diversas acciones de inconstitucionailidad además de que existen otras pendientes de resolverse en contra de Chiapas y Puebla.

En otros casos donde la resistencia ha sido mayor hemos concentrado los esfuerzos en acumular los precedentes necesarios para iniciar, desde la ciudadanía, una declaratoria general de inconstitucionalidad ante la SCJN  contra los Congresos locales que insistan en mantener vigentes normas discriminatorias. Iniciamos con Sinaloa, y tenemos en la mira a Aguascalientes, Baja California, Chihuahua y Tamaulipas.

Con todo estos años de lucha traducidos en más de un centenar de juicios de amparo, el rechazo de la iniciativa del presidente sólo significaría perder la posibilidad de avanzar más rápidamente, pero en definitiva no significaría de ninguna manera detener el avance ni mucho menor echar por la borda todo lo avanzado.

La estrategia jurídica es más sólida que los acuerdos partidistas locales que puedan o no llegar a cerrar filas para no aprobar la reforma en los estados; la jurisprudencia ahí está y podemos seguirnos casando aunque para ello debamos tramitar un juicio de amparo.

Por esto la aprobación o no de la reforma no es una batalla por el matrimonio igualitario en sí mismo, esa ya la ganamos.

La lucha es por demostrar si nuestra democracia y sistema de partidos tiene capacidad de hacer valer el Estado laico y el Estado de derecho por encima de las creencias o prejuicios morales aunque provengan de la “mayoría”.

Lo que está en juego es precisamente demostrar a la ciudadanía y al mundo entero que las fuerzas políticas de esta país tienen claro que su papel y compromiso es en primer término con los derechos humanos, no con las creencias y perjuicios morales, no con las religiones que buscan negar la igualad de derechos.

Afortunadamente la historia está de nuestra parte, la lucha por los derechos no es reciente pero sigue más vigente que nunca y no daremos ni un paso atrás.

Por @alex_ali_md , abogado y defensor de los derechos humanos

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