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Abogado Armando Ocampo Zambrano (Foto: CriSzis)
Abogado Armando Ocampo Zambrano (Foto: CriSzis)

Del dicho al hecho en materia de derechos humanos: Conapred

El presente artículo solo tiene por objeto exponer la actuación del Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Conapred) en la realidad, en cómo existe una disociación entre la vigencia de los derechos humanos (DH) y el procedimiento de su observancia en los casos en concreto, aspecto que incide en dejar de preservar y proteger el derecho constitucional de igualdad jurídica y no discriminación en nuestro país, tema tan particularmente grave y delicado que nos azota como comunidad LGBTTTI (Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgénero, Transexuales, Travestís).

Los Hechos del Caso de Discriminación

El 2 de junio de 2016 presenté un escrito de queja derivado de la consumación de violaciones atribuidas al despacho de abogados Chevez, Ruiz, Zamarripa y Cía, S.C. (CHEVEZ), en materia de protección de DH como la dignidad humana y no discriminación por orientación sexual.

En la queja interpuesta, se narraron los actos y omisiones atribuidos a dicha firma legal, los que resumo por cuestión de tiempo y espacio:

  1. Absoluta carencia de políticas de inclusión y no discriminación al interior al grado de carecer de un código de ética interno.
  2. Inexistencia de población lésbico, gay, bisexual, travesti, transexual, transgénero e intersexual (LGBTTTI).
  3. Los días 9 y 10 de noviembre de 2015, tras una serie de eventos que revelan coacción, violencia psicológica, patrimonial o económica, superioridad que invalida mi libre voluntad, la Firma Legal invocando mis temas personales” obtuvo mi “renuncia”, estando desgastado, degradado y condicionado, debía firmar como si fuese una renuncia voluntaria “por así convenir a mis intereses” y que no me reservaba acción legal, con lo cual, no se me bloquearía profesionalmente. Lo realmente sucedido era una exclusión arbitraria.

La firma legal negó dichos eventos, exhibiendo precisamente esa renuncia y argumentando que la separación se dio “en los mejores términos”, además de un supuesto código de ética pero de fecha 2016 y tergiversando la cuota de género, pues la ponderaron considerando toda la firma y no la sede de dirección efectiva.

Se me otorgó el derecho a desvirtuar lo anterior, ante lo cual, exhibí los audios que demuestran cómo sucedieron realmente los eventos de los días 9 y 10 de noviembre de 2015 en CHEVEZ y revelan todo lo contrario a lo expuesto por esa Firma Legal.

La resolución de CONAPRED

El 2 de febrero de 2017, se me notificó la respuesta a mi escrito de queja en el que se archivaba como un caso de no discriminación. Las razones:

  1. Respecto a invocar “temas personales”, es subjetivo y ambiguo, lo que no revela discriminación por ese solo hecho.
  2. Si bien se contraponen las argumentaciones de las partes en cómo fue la separación, existe en el expediente mi “consentimiento” para separarme voluntariamente lo que hace presunción en mi contra y demandé en la vía civil de cualquier modo esta circunstancia, por lo que no puede pronunciarse.
  3. Que se invocan en el audio elementos razonables para haberme excluido de la Firma como invocar “carácter empresarial” y un problema de “aprendizaje del inglés”.

Ilegalidad de la resolución de CONAPRED

El análisis de fondo en cuanto a si están justificados los puntos enunciados como carácter empresarial y el inglés, así como de lo expuesto en los juicios civiles ordinarios en curso contra CHEVEZ, no es objeto ni lo relevante, pues a lo que quiero centrarme es la indebida técnica jurídica por parte de Conapred, que es la presente crítica.

Con el fin de no ser técnico en cuestiones de constitucionalidad, en esencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido a través del Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género que cualquier distinción relacionada con las cuestiones protegidas por el articulo 1º Constitucional (como es el caso, orientación sexual, condición social e idioma) se le debe catalogar como una categoría sospechosa”, ante lo cual, exige por parte del órgano juzgador un “escrutinio estricto”.

Este escrutinio implica un estudio de esas categorías “con mayor rigor pues pesan la sospecha de ser inconstitucionales” por su concepción, siendo que lo que está prohibido no es el invocarlas, sino su “utilización injustificada”, por ende, concluye la Suprema Corte que el escrutinio estricto garantiza que sólo se permitan aquellas distinciones que tengan una justificación “muy robusta”.

Lo anterior, implica analizar las pruebas con particular cuidado enlace y buscando analizar la razonabilidad, objetividad y proporcionalidad de las medidas relacionadas con el acto discriminatorio, al grado de verificar si es posible una “discriminación indirecta” que puedan sufrir las personas por virtud de su orientación sexual, como lo es, las que sufren por los efectos de una medida que, si bien es neutral en cuanto a los criterios que incorpora, no lo es en cuanto a su impacto.

Dicho método de análisis y resolución aplica inclusive respecto a las acciones de los particulares como es CHEVEZ, pues no se encuentran excepcionados de la vigencia, observancia y aplicación de DH.

Teniendo en cuenta lo expresado nada menos que por la SCJN máximo órgano judicial en México, ésta es la particular crítica y actuación grave a la resolución de Conapred, pues con independencia del resultado de fondo que ya será cuestión ahora competencia de Tribunales Federales, lo menos que se esperaba es que se aplicara el citado Protocolo, como el caso lo exige y al ser materia de su competencia.

Dicho Procotolo precisamente es orientador en cómo abordar el método de estudio y resolución, precisamente cuando se involucran categorías sospechosas, como lo era el caso, a saber, orientación sexual, condición social e idioma, lo que obligaba a la Conapred a realizar un escrutinio estricto y no hizo.

El escrutinio estricto implicaba analizar su contenido con un gran rigor y no en la forma laxa o aislada que lo hizo, perdiendo de vista la Conapred que lo que está prohibido no es invocar posibles categorías sospechosas, sino su utilización injustificada.

Por tanto, al emitir su resolución debió analizarse si las distinciones invocadas por CHEVEZ tenían una fundada y justificación muy robusta que superara el test de escrutinio estricto o de discriminación indirecta, pues como se aprecia el invocarlas es de lo menos, sino lo relevante era analizar si superaban dichos tests, pero que desafortunadamente por falta de estudio, capacitación y concientización en materia de DH inexplicablemente no se hizo.

Toca ahora al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) por conducto de su Sala Superior, la que en sustitución a la Conapred llevará a cabo el análisis de escrutinio estricto y de discriminación indirecta en uso de sus facultades legales al amparo de un juicio federal contencioso administrativo, cuyo término vence el próximo 17 de marzo del presente año.

Como miembro activo de la comunidad LGBTTTI y como abogado en ejercicio de mi derecho constitucional de defensa y respeto a mi dignidad humana, espero que el TFJA enmiende la plana a la Conapred al menos, en el estudio, cómo abordar, capacitarse y profesionalizarse en la adecuada técnica jurídica y método del caso que este tipo de violaciones amerita y exige una actuación impecable al amparo de dicho Protocolo, la que hoy como ciudadano me quedó a deber y justifica que sea demandada ante dicho Tribunal Federal, pues ahora con base a actuaciones judiciales solamente es posible revertir la decisión administrativa. Veremos ahora qué pasa y estaré atento a la actuación del TFJA.

La resolución que emita el TFJA podrá ser recurrida a través de un juicio de amparo directo, el que por sus características especiales también puede ser atraído por la SCJN, misma que será la autoridad judicial que determine en definitivo si hubo o no discriminación por parte de CHEVEZ, como agente denunciado.

Abogado Armando Ocampo Zambrano, enfrentó homofobia laboral.

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